El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Eliminación de las tasas de acceso a la justicia para las empresas
Las tasas afectadas son las exigidas a las personas jurídicas, de modo que las empresas y demás personas jurídicas podrán ejercitar sus acciones legales y acudir a la Justicia sin tener que abonar las tasas de acceso a la Justicia como hasta la fecha, eliminándose un importante obstáculo que limitaba la defensa jurídica de las empresas pues en muchos casos el hecho de tener que afrontar el pago de la tasa desanimaba a las compañías a defender sus derechos frente a terceros.
Es importante advertir que la sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resolución firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin que fuera impugnada por vulneración del art. 24.1 CE. Por lo tanto la resolución judicial del Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos de modo que no permitirá a las empresas recuperar el importe de las tasas que hubieran pagado anteriormente a este pronunciamiento pero si tiene importantes efectos de ahora en adelante, haciendo nuevamente más accesible la Justicia a las empresas, salvo que se dicte una nueva norma que ajustándose a los criterios del Tribunal Constitucional vuelva a imponer algún pago o gravamen que actúe como limitador del acceso a la Justicia por parte de las empresas.
