El pasado 9 de octubre de 2016 se publicó en el DOGC la Orden EMO/311/2015, de 2 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de la incorporación de personas en situación de desempleo mayores de 45 años al mercado de trabajo (entrada en vigor el día 10 de octubre de 2015). A continuación repasaremos aquellos aspectos más singulares respecto de la misma.
En primer lugar destaca la apertura simultánea de la convocatoria para el presente año 2015, a las puertas de su finalización y a su vez y de forma anticipada la convocatoria para el año 2016 cuyo plazo de solicitudes y presentación finaliza el 30 de noviembre de cada uno de los dos ejercicios.
Los beneficiarios de esta ayuda son todas la personas físicas y jurídicas con centro de trabajo en Catalunya, a excepción de las administraciones públicas y sus entidades dependientes o vinculadas, las empresas de inserción y las empresas de trabajo temporal, que cumplan una serie de requisitos y obligaciones que más adelante se verán.
Con carácter general son subvencionables los contratos laborales (excepto los contratos en prácticas y los contratos fijos discontinuos) que cumplan los requisitos siguientes:
– Los efectuados por los beneficiarios señalados en el apartado anterior celebrados con trabajadores mayores de 45 años:
- con 6 meses continuados en situación de desempleo
- inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el SEPE de Catalunya en la fecha inmediatamente anterior a la fecha de la firma del contrato
- que realicen su actividad en un centro de trabajo de Catalunya.
– Que tengan una duración de 12 o 6 meses y una jornada desde el 50% hasta el 100%,
– Conste expresamente el salario bruto anual, la jornada expresada en porcentaje y la fecha de fin de contrato.
– Para el caso de contratos con personas con discapacidad igual o superior al 33%, deberá constar la autorización de la persona trabajadora del S.O.C.
A destacar que también son subvencionables por una única vez las prórrogas de los contratos subvencionados de 6 meses de duración (que cumplan los requisitos enumerados a excepción de reunir la condición de desempleado e inscrito como demandante de empleo). Por tanto, la duración máxima subvencionable de un contrato, incluida la prórroga, es de 12 meses (salvo que se trate de una persona discapacitada en cuyo caso el límite será de 18 meses).
Se limita el número de contratos (o prórrogas) subvencionables por persona o entidad beneficiaria al número resultante de aplicar:
- 50% de la plantilla (excepto si solamente tiene una persona contratada, en cuyo caso se considerará como 1 contrato subvencionable),
- En ningún caso puede superar el número de 5.
Respecto de las cuantía de la subvención, que se detalla en la propia Orden, merece especialmente que la misma queda fijada mediante unas tablas que toman como referencia el salario bruto anual que establece el convenio colectivo de aplicación, la jornada y la duración del contrato celebrado, en función de que la persona contratada tenga reconocida oficialmente un grado de discapacitación igual o superior al 33%, o no.
Las cuantías van desde los 2.500€ para un contrato de 6 meses con una jornada comprendida entre el 50 y el 79% para un salario (según lo establecido en el convenio colectivo) de 9.380 a 24.000€ anuales, hasta una subvención de 24.000€ para un contrato de 12 meses, a jornada completa y para un salario, según convenio colectivo aplicable, superior a 36.000€ anuales.
Dichas cuantías pueden quedar afectadas por la limitación que supone el coste de la contratación (entendida como tal la suma del importe correspondiente al salario bruto, la indemnización por fin de contrato y la Seguridad Social a cargo de la empresa), de forma que la subvención no podrá superar el 50% de dicho coste o bien el 75% cuando se trate de la contratación de una persona con discapacidad igual o superior al 33%.
Finalmente en cuanto a requisitos y obligaciones que se establecen en la propia orden destaca su prolijidad, lo que obliga a su lectura atenta. No obstante destacaremos en cuanto a requisitos:
- El deber de incrementar el número de personas en comparación con los 12 meses previos (salvo vacante por dimisión, discapacidad, jubilación, reducción voluntaria del tiempo de trabajo o despido disciplinario procedente)
- En empresas de 50 o más empleados, tener contratadas el 2% de personas trabajadoras con discapacidad o bien aplicar las medidas alternativas (art. 42 RDL 1/2013, RD 364/2005 y Decreto 86/2015)
- Cumplir las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
- Indicar los medios que se utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo
- Cumplir los requisitos de política lingüística
- Disponer de un sistema de organización y de gestión de la prevención de riesgos laborales
- Cumplir con la obligación de respetar igualdad de trato
- Y otras adicionales.
El cumplimiento de estos requisitos se deberá acreditar mediante la firma de declaraciones responsables que incluye la solicitud de ayuda.
Respecto de las obligaciones decir que se busca con las mismas cumplir con el objetivo de la norma, entre otros aspectos identificando expresamente en la contabilidad los gastos imputados a cada acción de forma separada, con la finalidad de mantener la trazabilidad de toda la documentación, a fin de que en caso de revocación de la subvención se proceda al reintegro de los fondos percibidos.
Sin duda, la obligación más destacada en aplicación de la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es la referida a la obligación de las personas jurídicas beneficiarias que tengan un importe a otorgar superior a 10.000 euros, de comunicar la información relativa a las retribuciones de los órganos de dirección o administración, a efectos de hacerlas públicas.
Te invitamos a ver el videoblog en el que ampliamos la información al respecto:
https://youtu.be/1TGZGpyTxR0
